POR: ADA BAZIL DE ROA
La República Dominicana cuenta con la Ley 05-13 desde el año 2013, la cual establece los derechos laborales de las personas con discapacidad, válida tanto para empleadores públicos como privados. De acuerdo a la mencionada ley, el 5% de estos profesionales con casos especiales tiene derecho a ser empleado en instituciones públicas, mientras hasta el 2% en empresas privadas. La Ley también obliga a las organizaciones para que faciliten entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad.
Pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, su acogida en el sistema productivo dominicano ha sido muy lento. Desde el 2013 hasta el presente han sido publicados en la prensa dominicana varios trabajos de investigación que revelan, en algunos casos, que más del 60% de las personas con discapacidad son desempleadas; esto a pesar de contar con formación académica demandada en todos los niveles (pregrado, grado y postgrado). Estos datos también pueden ser confirmados en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Esta situación representa un desafío para esta población, sobre todo, cuando de lo que se trata es de insertarse laboralmente. Los estereotipos sociales presentes en los esquemas mentales de los empleadores los hacen asociar las discapacidades de un profesional competente con la imposibilidad absoluta de realizar un trabajo eficazmente.
Para el año 1992, la Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió la fecha del 03 de diciembre para conmemorar el “Día Internacional de las personas con discapacidad”, procurando de manera sensibilizar a la población mundial al respecto. No obstante, esta realidad contrasta con lo expresado por empleados con discapacidad, los cuales hemos entrevistado. Muchos de ellos comentan que han tenido que esforzarse más de lo necesario para poder presentar un desempeño sobresaliente y demostrarles a sus empleadores que ¨si pueden¨.
La investigación realizada por la licenciada Amada Saldaña egresada de la Universidad APEC arrojó que solo el 67% de los encargados de departamentos de gestión humana de las instituciones públicas entrevistadas tenían conocimiento de la existencia de la Ley 05-13, situación crómica que dificulta su aplicación. Se trata, entonces, de un desconocimiento que debe preocupar a los aparatos jurídicos del Estado, y que al propio tiempo debe alertar a las personas con cualquier tipo de discapacidad y a sus familiares.
Se trata de una situación mucho más grave de lo que alguien pudiera imaginarse, especialmente cuando los afectados son cabezas de familia o tienen bajo su responsabilidad la manutención de sus padres u otros parientes cercanos; ya que según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) el 25% de esta población cuenta con un rango de edad altamente productivo, entre los 20 y 39 años, de los cuales el 52% corresponde al sexo masculino.
Es el estado dominicano el responsable de crear campañas publicitarias de concienciación de la Ley a nivel nacional, sus beneficios y consecuencias para ambos sectores. Urge diseñar mecanismos de incentivos para las instituciones que impulsen la inclusión de las personas con discapacidad al sistema productivo del país.
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