Lo más loable y equitativo para una persona que ha pasado toda su vida aportando con su fuerza de trabajo al desarrollo de una sociedad, es que cuando llegue a una edad avanzada pueda contar con una buena pensión y un buen sistema de Seguridad Social que lo proteja cuando padezca una enfermedad o este incapacitado de trabajar por los naturales achaques físicos que vienen con los años.
La seguridad social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución establecido bajo la forma de un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado.
Aunque esta ley fue concebida sobre la base de principios de solidaridad y de universalidad, lo cierto es que nuestro sistema de seguridad social no ha logrado esos objetivos, sino todo lo contrario, muchos están vedados de recibir la más mínima protección del Estado dominicano y a muchos se le ha negado recibir una justa pensión.
Tal es el caso de los trabajadores cañeros que tienen años exigiendo que se les entreguen sus pensiones por los más de 40 años que laboraron en los ingenios dominicanos, pero durante todo ese tiempo solo han recibido el desdén de las autoridades y eso no es justo.
¡Sin embargo, al fin su reclamo ha sido escuchado!
El presidente Luis Abinader aseguró que hará justicia con los trabajadores cañeros y que les entregará sus pensiones por tanto años de trabajo en los ingenios azucareros.
Indicó que esa será una forma de hacer justicia, una justicia con la que él está comprometido. Esa es sin duda una gran iniciativa del presidente Abinader, que todos debemos respaldar y ponderar positivamente.
Sin embargo, la protección social no puede depender de la buena voluntad de un gobernante, sino que debe estar establecida institucional y legalmente en un precepto.
Ahí radica el problema, ya que la ley 87-01 adolece de los instrumentos jurídicos necesarios que aseguren que, una vez llegado el retiro laboral, el ciudadano contará con una pensión digna y un sistema de salud que lo proteja de las enfermedades propias de la vejez.
Esta mas que debatido el tema. Todos saben que por lo que estipula esta legislación los dominicanos tendrán una pensión de miseria y un seguro de salud que solo asegura que te vas a morir por falta de atención y medicamentos.
Y es que esta norma está basada en fundamentos de lucro económico, cuando el espíritu de la ley debió ser social.
En consecuencia, este contrato social es injusto porque el sector financiero recibe beneficios pingues todos los años, mientras a los trabajadores se les condena a vivir sus últimos años de su existencia en la miseria.
Definitivamente valoramos la decisión de reconocer las pensiones de los cañeros, pero presidente Luis Abinader, para dejar una impronta en la protección social, su verdadero reto es la ley 87-01.
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