El desorden, la falta de institucionalidad, la simulación, el desprecio por las normas civilizadas y democráticas que, al mismo tiempo se hace creer que son defendidas como algo sagrado e inviolable; favorecen el abuso, la deslealtad, la impudicia y el crimen a que es sometido un pueblo como el dominicano.
Las diferentes agencias policiales, que deben ser el soporte de fuerza de los departamentos de justicia de la República Dominicana, son y han sido siempre, un gendarme al servicio de las injusticias más deleznables contadas en la negra historia de nuestro padecimiento como pueblo.
Cuando el desorden se hace una costumbre aceptada, y las instituciones son débiles y dirigidas con venalidad, crecen los turbios negocios que engendran los ricos y poderosos personajes de alas negras que, patrullan el diario vivir de una sociedad de disimulo y párpados caídos.
La Constitución dominicana garantiza la propiedad privada a todos los ciudadanos con estatus legal dentro y fuera de su territorio. ¿Cómo es posible que un policía de tránsito decida incautar una propiedad, como un vehículo de motor a un ciudadano en plenas facultades legales de convivencia?
Y de inmediato, la incautación de esos bienes privados se convierte en un negocio de rentabilidad y enriquecimiento de las élites policiales y jurídicas. El canódromo de hoy, no es más que “el desacreditado y absurdo plan piloto de los años pasados”, donde se cometieron los más satíricos robos, amparados en el poder policial de la época.
La degradación social y política, nos ha ido llevando a este callejón sin salida en el que sobrevivimos los dominicanos hoy. El presidente Abinader se ve obligado a declarar una reforma policial, cuando un contingente de policías comandados por un coronel, embosca y asesina a una pareja de pastores evangélicos recién casados; la sociedad pone el grito en el cielo, y para acallar el clamor, se interviene la institución con la llamada reforma policial.
Pero preguntamos, ¿han parado por esto las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos?, obviamente que no; los abusos policiales durante el tiempo de confinamiento por la pandemia, están ampliamente documentados; y ahora el trato abusivo en contra de la población civil, como decía el célebre Rodriguito, sigue su agitado curso.
Terminando el asueto de semana santa, fue apresado un joven en San José de Ocoa, y a esta persona desarmada e indefensa, los agentes policiales comenzaron a golpearlo a patadas en el suelo desde la misma calle; fue apresado después de pasar la medianoche del sábado y antes de las 2 de la mañana del domingo estaba molido a golpes, como le dijo a su madre antes de entregar su alma.
En todo el territorio nacional, las fuerzas policiales están prestas a realizar negocios de drogas, a extorsionar, y a delinquir por cualquier vía que deje beneficios; en Barahona hay un caso de drogas, al que se le ha echado tierra, porque involucra a peces gordos, no solo a los 7 agentes que supuestamente, dieron el tumbe.
Es tan obvio el asqueado modo de comportamiento de este cuerpo, que los motociclistas componen apuestas en las vías públicas, y ellos los ven pasar y miran para otro lado; según los rumores, los digesett (antiguos Amet) reciben un porcentaje por permitir las carreras, que ponen en peligro la vida de los ciudadanos en las calles o en otros vehículos de motor.
El director del llamado “canódromo” declaró que, se está elaborando un protocolo para entregar los vehículos incautados; es risible, ¿es posible que después de violar la ley, incautando propiedades que el Tribunal Constitucional lo había prohibido mediante sentencia, que ahora haya que buscar la vuelta, para devolver lo ajeno?
De la inseguridad, de la falta de garantías constitucionales, del desbarajuste de los precios de los alimentos y del descontrol institucional en que nos desenvolvemos los dominicanos, podemos afirmar que este gobierno no gobierna, y que las riendas del Estado andan al garete, ¡Que Dios nos ampare y nos mire con toda su piedad divina!
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