República Dominicana.-La comisión especial de la Cámara de Diputados para el estudio del proyecto de ley orgánica de Régimen Electoral, recibirá este jueves al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, y a representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y de Participación Ciudadana (PC), para que expresen sus opiniones respecto a la debatida pieza legislativa, cuya modificación fue aprobada el 20 de diciembre los senadores en dos lecturas consecutivas.
El cronograma de trabajo que como iniciativa ha organizado la Comisión Especial previo a la aprobación de la reforma a la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral inicia este viernes a las 10:30 de la mañana con la comparecencia de la Junta Central Electoral, que depositó ante el Congreso sus propuestas también para la modificación a la Ley de Partidos, Movimientos y Organizaciones Políticas.
Para las 2:pm, la Comisión que preside el diputado Elías Wessin Chávez, recibirá a representantes del movimiento no partidista, Participación Ciudadana, que también cuestiona se haya aprobado una reforma sin tomar en cuenta, entre otros aspectos, los topes de gastos de campaña, como está instituido en la ley existente.
En los manifestados cuestionamientos a la pieza aprobada en la Cámara de diputados, el organismo rector de comicios también encontró el respaldo de la Fundación Institucionalidad y justicia (FINJUS), que comparecerá también ante la comisión especial de la Cámara Baja.
El cronograma elaborado por la Comisión, para escuchar la opinión de organismos y organizaciones, incluye el viernes la visita, a las 10:00 de la mañana, del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; a las 12:00 del mediodía al coordinador de la Mesa de Diálogo del Centro Económico y Social (CES) y a las 2:00 de la tarde a los representantes de los partidos políticos.
Preocupación de la JCE
Desde que fue aprobada la pieza en el Senado de la República, en dos lecturas consecutivas, la Junta Central Electoral se abocó a revisar lo aprobado, manifestando su preocupación “por aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma. Ello, en tanto: i) en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente; ii) tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría con: (a) disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; (b) crear condiciones de equidad en la contienda; y (c) facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña”.
“De igual manera, (iv) no se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que genera consecuencias negativas, tales como: (a) aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas; (b) forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, (c) configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas. Igualmente: (v) se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral; además, (vi) no se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas”.
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