SANTO DOMINGO, RD.- El director general de Contrataciones Públicas, destacó este jueves la necesidad de mejorar la implementación de garantías en contratos públicos que aunque la Ley de Contrataciones de 2006 establece cuatro tipos de garantías, su aplicación ha sido limitada en los últimos 19 años.
Pimentel, señaló la falta de una cultura en la administración pública para recibir y ejecutar garantías contractuales, destacando la importancia de exigir a los contratistas su correcta aplicación y subrayó que la administración pública debe garantizar la correcta ejecución de contratos para adquirir bienes, servicios y obras necesarias.
Señaló que actualmente, el sistema de contrataciones del estado dominicano cuenta con 546 unidades de compras y realiza entre 300 y 600 transacciones diarias con 120,000 proveedores registrados.
Asimismo, explicó que los contratos públicos han sido históricamente protegidos por el legislador mediante diversas herramientas. Entre estas se encuentran la creación de procedimientos administrativos que buscan contratos eficientes, la inversión de potestades exorbitantes a la administración para evitar la paralización de una ejecución contractual, y la exigencia de garantías contractuales a todas las personas que deseen contratar con el Estado.
En el marco del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), la normativa vigente obliga a los oferentes, adjudicatarios y contratistas a constituir garantías para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Estas garantías son cruciales para evitar retrasos en la satisfacción de necesidades ciudadanas y asegurar el correcto funcionamiento de los contratos públicos.
Pimentel destacó que las garantías son exigidas en todas las etapas de los procedimientos de contratación: precontractual (garantía de seriedad de la oferta), contractual (garantía de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo) y poscontractual (garantías de vicios ocultos y de mantenimiento de los bienes contratados).
El nuevo Reglamento 416-23, aprobado el 14 de septiembre de 2023, introduce varias mejoras importantes. Permite la presentación de garantías bancarias y pólizas de seguro, con una disposición especial para las MIPYMES que solo pueden ser requeridas a presentar fianzas de seguro. También permite subsanar errores materiales en las garantías de mantenimiento y seriedad de la oferta, y establece procedimientos claros para la renovación y ejecución de las garantías.
Pimentel dijo estar confiado en que estas nuevas disposiciones fortalecerán la capacidad de las instituciones para hacer cumplir sus contrataciones sin transgredir los derechos de los contratistas.
Anunció un convenio de colaboración entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Inc.), firmado el 4 de marzo de 2024, para elaborar políticas públicas y programas académicos en materia de seguros que mejoren los conocimientos de las instituciones contratantes y los proveedores del Estado.
Finalmente, Pimentel expresó su esperanza de que estas medidas iniciales se complementen con capacitaciones, herramientas informáticas, inteligencia artificial y otras estrategias para mejorar la efectividad de las garantías y la capacidad de respuesta de la administración pública a las necesidades ciudadanas.
Su intervención se realizó durante el congreso de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), donde se discutieron los desafíos en la industria aseguradora.
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