República Dominicana-La circular del Ministerio de Administración Pública que instruye a las entidades gubernamentales a hacer un levantamiento sobre cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados del Estado, teniendo estos que presentar facturas del agua y la luz ante las instituciones para las que trabajen, podría entrar en contradicción con la Constitución de la República.
La advertencia la hacen abogados, quienes adelantan que recurrirán la disposición por ante el Tribunal Superior Administrativo.
Con la nueva disposición de que obligaría a los empleados públicos a presentar constancia del pago de servicios públicos como agua y luz, el Ministerio de Administración Pública viola derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad, el honor y otros establecidos en la Constitución dominicana.
Así lo afirman el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, y otros profesionales del derecho.
De acuerdo a los juristas, la resolución 018031, viola además los derechos de los familiares de los servidores públicos, cuando ordena que, caso de que el empleado no sea el titular de los contratos de los servicios, indique nombre de que pariente está y si cumple con sus obligaciones de pago.
En ese sentido, el Colegio de Abogados de la República Dominicana advierte que recurrirá la disposición ante el Tribunal Superior Administrativo.
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De su lado, como sociedad civil, Participación Ciudadana entiende que hay otros temas más importantes que deberían ocupar al gobierno, como los legisladores que no han declarado sus bienes.
La circular, de fecha del 31 de octubre pasado, indica que, en un plazo de 15 días laborales, las direcciones de recursos humanos deberán recopilar información respecto a si los servidores tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tiene a su nombre deberá especificar a nombre de qué familiar está.
El ministro de Administración Pública indicó que con la medida se busca conocer el perfil de consumo y promover la responsable jurídica y moral, a través del cumplimiento del pago de los servicios públicos.
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