SANTO DOMINGO.- El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, advirtió su preocupación por el alto costo y el vacío legal en el procedimiento de alquileres de bienes inmuebles para albergar instituciones del Estado.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, solicitó que en los procedimientos de alquileres impere la razonabilidad del gasto y la proporcionalidad.
“La posición institucional de la Comisión de Análisis Político es de preocupación, en el sentido del alto costo de los alquileres y hasta cierto punto la razonabilidad en relación con lo que puede ser la adquisición de un inmueble y su mantenimiento o el alquiler bajo estas modalidades que se están presentando”, subrayó.
El activista de la sociedad civil considera que más que jurídico, se trata de un tema económico donde se debe ver la viabilidad de la forma en que se hace este tipo de alquiler.
Hernández Machado aseguró que esa situación pone en evidencia que los criterios de inversión de alquileres por parte del Estado no están regulados y se refleja un vacío legal que sería interesante abordar en un futuro próximo.
En ese sentido, Participación Ciudadana exhorta a la racionalización del gasto frente al ambiente que se vive donde hay una propuesta de reforma fiscal que debe aprobarse y ante la posición de achicar el tamaño del Estado.
“Este es un elemento, este gasto en alquileres, en el que también debe aplicarse un criterio de razonabilidad o proporcionalidad, en relación a lo que sea más beneficioso para el Estado, cuando digo beneficioso, hablamos de economía, más económico, rentable y que no sea un gasto que pueda ser cuestionado ”, insistió.
El vocero de la organización de la sociedad civil sostiene que la situación de los alquileres de instalaciones para albergar instituciones del Estado refleja un tema de orden económico.
Tema casos emblemáticos de presunta corrupción queden extinguidos de la acción penal
El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, expresó mucha preocupación por la duración de los procesos penales en el tema que tiene que ver con la comisión de presuntos actos de corrupción.
Tras advertir que los procesos penales tienen un límite, alberga el temor de que casos emblemáticos que se conocen actualmente queden extinguidos por la duración máxima del proceso, que es de cuatro años.
Indicó que ve no solo la proactividad que puede tener el Ministerio Público, sino el dinamismo del proceso penal y la colaboración de los jueces para que con su actitud de dar la duración de los procesos en el tiempo adecuado, se llegue a la solución de cada una de esas acusaciones de corrupción que se conocen en los tribunales.
Aboga porque se produzcan sentencias antes de que terminen los plazos procesales y que valga la pena no solamente el seguimiento, sino el esfuerzo del Ministerio Público y otros actores que prepararon los expedientes.
Considera que la lucha contra la corrupción debe ser constante, innegociable y llevar siempre a la luz pública las situaciones que puedan traducirse en problemas de falta de transparencia y haya rendición de cuentas.
Calificó el tema de la corrupción como complejo, por la diversidad de actores que entran en el escenario.
Aseguró que no basta con que el Ministerio Público presente una acusación ni que levante las pruebas ni un eficiente control por parte del Estado, porque entran otros actores, como el sistema de justicia.
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