República Dominicana.-Desde los fracasados intentos por aprobar un nuevo Código Penal, hasta el festival de préstamos internacionales aprobados por ambas Cámaras, pasando por los líos judiciales en que se han vistos involucrados algunos legisladores, el Congreso Nacional cierra el año con la reforma constitucional como su obra cumbre en el 2024.
En enero, comenzando el año, el Senado convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), promulgada por el Poder Ejecutivo y luego sometida de nuevo para cambios, tras los ataques de varios sectores, encabezados por la Sociedad Dominicana de Diarios, que se opuso a la pieza, alegando ambigüedad de algunos de sus artículos. Al final la legislación fue anulada por el Tribunal Constitucional a petición de la oposición política.
El 4 de abril del 2024 fue histórico para el Congreso Nacional, luego que el juez federal Roy Altman condenara a 16 años de prisión al diputado dominicano del PRM por Santiago, Miguel Gutiérrez, apresado en Estados Unidos por su vinculación al tráfico de drogas, mientras a finales de mayo los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia condenaron a la diputada de La Vega por Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte López, a cinco años de prisión, acusada de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
Al mes siguiente, la Pilarte apeló la sentencia en casación, un recurso que llegado diciembre seguía pendiente de fallo en la Suprema Corte de Justicia.
Entre debate y debate, el proyecto de reforma al Código Penal llegó en julio a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado sin leer y enviado a comisión de estudio, luego que el Senado lo aprobara por la vía rápida en los días finales de la legislatura.
El 17 de julio, El senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo, modificando los ingresos en más de 35 mil 360 millones de pesos que, en su mayoría, se los tragaron las Edes y el Ministerio de la Vivienda.
Una semana después, El congreso cerraba la primera legislatura ordinaria del 2024 con la aprobación de millonarios préstamos, dejando sobre la mesa la reforma del Código Penal y pendiente un paquete de proyectos de leyes, incluyendo la modificación de la 87-01 de la Seguridad Social.
El 16 de agosto, el Congreso Nacional abre una nueva legislatura con una nueva camada de legisladores electos en los comicios del 16 de mayo, donde el PRM casi barre a la oposición, dejando a la Fuerza del Pueblo con tan sólo tres senadores y al PLD con las manos en la cabeza.
En octubre, La Asamblea Nacional Revisora proclama la nueva Constitución de la República, reformada por ocasión número 40, y la que muchos definen como la Constitución de Abinader, con 11 artículos modificados que incluyen la unificación de las elecciones y un nuevo método para la elección del procurador, que quedó fuera del Consejo Nacional de Magistratura, entre otros cambios.
También en octubre, fue el paso relámpago del proyecto de reforma fiscal por el Congreso Nacional, donde ni siquiera con la mayoría aplastante que tiene el PRM en ambas cámaras, el gobierno se atrevió a pasar, casi por la fuerza, su propuesta de reforma tributaria.
El seis de noviembre, el senado reelige los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, con excepción de Patricia Lorenzo, quien fue sustituida por la suplente Hirayda Marcel Fernández Guzmán.
Luego del tranque de la Vega, donde la ciudad quedó sin un titular municipal por varios meses, el Senado aprobó en segunda lectura, el 27 de ese mes, un proyecto que modifica la ley 176-07 de los Municipios y el Distrito Nacional sobre aspectos relacionados con la sucesión de los Alcaldes.
Para no perder la costumbre, el 3 de diciembre La Cámara de Diputados aprobó otros dos préstamos por 520 millones de dólares para el monorriel de Santiago y un programa de gestión de residuos sólidos.
Y como regalo de Navidad, dos días después, El Senado de la República convirtió en ley el proyecto de Presupuesto General de Estado del 2025 por un monto de un billón seiscientos ochenta y un mil setecientos veintiocho millones once mil quinientos noventa y un pesos dominicanos, durante una sesión extraordinaria en la que no faltó la queja de la oposición.
Cerrando el 2024, el punto de la cesantía mantiene bloqueada la reforma laboral en el Congreso Nacional, y se espera que siga siendo un tema de debate en el 2025, sumándose a otros proyectos de reformas prometidos por el gobierno y los líderes de ambas cámaras, pero que, los conflictos de intereses los mantienen durmiendo el sueño eterno en las gavetas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Y…como para mantenerle activa a la oposición su calculadora de préstamos, el Senado de la República aprobó en primera lectura, la segunda semana de diciembre, un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo solicitar préstamos por un monto total de RD$350,990,390,000.00. Esta cifra que será utilizada en la ejecución presupuestaria del Gobierno, en el 2025, atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado.
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Los honorables se fueron de vacaciones por período de Navidad y Año Nuevo y, a su regreso, pasado el Día de Los Santos Reyes, deberán priorizar un paquete de proyectos, iniciando por las leyes que ordena la reformada Constitución de la República, renovar la Cámara de Cuentas, para lo cual ya concluyó la Comisión el proceso de evaluación que hubo de ser extendido, por la “timidez” de interesados.
Pero, una prioridad de los congresistas, una vez retomen sus labores, en una legislatura que concluye el 12 de enero, es continuar con la reforma al Código de Trabajo, cuyo debate se ha enfrascado en la cesantía laboral.
Y…modificar la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, es otro proyecto que prioriza la agenda de los legisladores, después de “la brisita navideña”.
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