Agencias.-La Corte Penal Internacional dijo el miércoles que el ex presidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado a su custodia para enfrentar acusaciones de crímenes de lesa humanidad derivados de las letales medidas represivas antidrogas durante su mandato.
El tribunal dijo en un comunicado que “como medida de precaución” se puso a disposición de Duterte en el aeropuerto, de acuerdo con los procedimientos estándar cuando llega un sospechoso.
Grupos de derechos humanos y familiares de víctimas elogiaron el arresto de Duterte el martes en Manila por una orden de la CPI, que fue anunciada por el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos.
En cuestión de días, comparecerá ante el tribunal para confirmar su identidad, verificar que comprende los cargos que se le imputan y fijar una fecha para una audiencia que evaluará si la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para someterlo a juicio.
Si su caso llega a juicio y es condenado, Duterte, de 79 años, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.
El pequeño avión rodó hasta un hangar donde esperaban dos autobuses. Una ambulancia también se acercó al hangar y los médicos introdujeron una camilla. Un helicóptero policial sobrevolaba cerca del aeropuerto mientras el avión permanecía en el hangar, prácticamente oculto por los autobuses y dos camiones cisterna.
El portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, confirmó que Duterte estaba en el avión, que hizo escala en Dubai durante su vuelo desde Manila.
El arresto de Duterte fue anunciado el martes por el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos, quien dijo que el ex líder fue arrestado cuando regresaba de un viaje a Hong Kong y que fue enviado a bordo de un avión a la CPI.
Mientras el avión de Duterte estaba en el aire, familiares afligidos se reunieron en Filipinas para llorar a sus presuntas víctimas, portando las urnas de sus seres queridos. “Estamos felices y nos sentimos aliviados”, dijo Melinda Abion Lafuente, de 55 años, madre de Angelo Lafuente, de 22 años, quien, según ella, fue torturado y asesinado en 2016.
Sin embargo, los partidarios de Duterte criticaron su arresto por ilegal y exigieron su regreso a casa. Pequeños grupos de simpatizantes de Duterte y personas que apoyaron su arresto se manifestaron el miércoles frente al tribunal antes de su llegada.
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre los asesinatos en masa relacionados con la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando era alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y más tarde como presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde los más de 6.000 que ha informado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.
Los jueces de la CPI que analizaron las pruebas de la fiscalía que respaldan su solicitud de arresto encontraron “motivos razonables para creer que el Sr. Duterte es individualmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato” como “coautor indirecto por haber presuntamente supervisado los asesinatos cuando era alcalde de Davao y luego presidente de Filipinas”, según su orden.
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