ESPAÑA (EFE). – Los propietarios de las dos discotecas incendiadas en Murcia (este) en 2023 en las que fallecieron 13 personas se han negado este martes a declarar como investigados de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y pedirán la comparecencia de nuevos testigos para tratar de esclarecer las condiciones de los empleados de los locales.
La justicia amplió la causa sobre la investigación del siniestro para determinar si se violaron los derechos de los trabajadores de las salas Teatre -donde supuestamente se inició el incendio- y la contigua Fonda Milagros -donde murieron trece personas-.
Ninguno de los propietarios ha declarado ante la jueza, aunque la defensa de uno de ellos ha aclarado ante los medios de comunicación que su intención es pedir nuevas pruebas antes de que su cliente preste declaración.
La abogada de una de las víctimas mortales sostiene que tanto ella como su viudo, que sobrevivió al incendio, trabajaban en Fonda Milagros sin estar dados de alta en la seguridad social.
Además, ha afirmado que la ausencia de medidas de seguridad en las discotecas afectaban no solo a los clientes sino también a los empleados.
Trabajadores de Teatre declararon el pasado marzo que no habían recibido formación en prevención de incendios y corroboraron carencias en las medidas de seguridad y evacuación de la discoteca.
Los cuatro responsables de las discotecas siniestradas están también investigados por presuntos delitos de homicidios por imprudencia.
En el incendio del 1 de octubre de 2023 en Fonda Milagros y Teatre de Murcia murieron cinco ecuatorianos, cinco nicaragüenses y tres colombianos.
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