SANTO DOMINGO-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) la anulación del pliego de condiciones de la licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-001, relacionada con la gestión y manejo de la licencia de conducir, por vulnerar derechos y principios establecidos en la Constitución, en la Ley No. 340-06 y en el reglamento No. 423-16 (sobre compras y contrataciones públicas).
La FJT advirtió, que el pliego establece requisitos desproporcionados y contradictorios, como la exigencia de una facturación mínima anual de cinco años, mientras que los estados financieros requeridos corresponden a solo tres años. Lo que según explicaron no solo generaría incertidumbre jurídica, sino que también podría excluir injustamente a potenciales oferentes.
Manifestaron que resulta preocupante la obligación planteada en el pliego para los oferentes, al requerir la formación de un consorcio con los fabricantes de impresoras, plásticos, etc. Esto prácticamente es una imposición, ya que si los oferentes no presentan un certificado de acuerdo con los fabricantes de tarjetas de policarbonato y de impresoras láser, perderían cinco puntos en cada caso.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que la previsión sobre la conformación de un consorcio con los fabricantes constituye una vulneración flagrante a los principios de razonabilidad, igualdad, participación, y a los derechos de libertad de empresa y libre competencia. Esto se debe a que la eventual pérdida de diez puntos constituiría una evidente limitación a las oportunidades de algunos oferentes que no cumplan con esta irracional condición.
Calzado Reyes, a través de FJT, solicita a la DGCP realizar una suspensión y una revisión profunda y minuciosa del pliego de condiciones, para evitar que algunos de los oferentes interesados en participar en este proceso de licitación vean mermadas sus posibilidades reales de competir en igualdad de condiciones en el mencionado proceso.
Asimismo, la entidad cívica recordó que, el 10 de junio de 2025, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dejó formalmente instalada la Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil. Esta comisión tendrá la responsabilidad de supervisar de forma activa y transparente el proceso de licitación pública nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, por lo que hacen un llamado de atención a sus miembros para que consideren las legítimas preocupaciones planteadas por la organización política, especialmente en un contrato que involucra la astronómica y millonaria suma de RD$8,175 millones. Destacaron que desde la Fundación Justicia y Transparencia estarán vigilantes y dispuestos a acudir a cualquier instancia social, administrativa o judicial, con el fin de garantizar que el proceso se realice con la mayor transparencia, pluralidad y participación.
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