Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentó este martes una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), solicitando investigaciones penales por presuntos actos de corrupción, manejo irregular de fondos públicos y violaciones de leyes constitucionales, administrativas y penales vinculadas al Fideicomiso DO Sostenible.
La instancia, dirigida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso y canalizada a través del director de la PEPCA, Dr. Wilson Camacho, así como de la directora de la DIGEIG, Dra. Milagros Ortiz Bosch, detalla que entre 2021 y 2024 el fideicomiso recaudó más de RD$7,978 millones, pero solo ejecutó un 38.8 % de esos fondos. De ese porcentaje, un 80 % habría sido canalizado exclusivamente a dos empresas privadas: Cilpen Global Business S.R.L. y Relleno Sanitario Vermont S.R.L.
Según el PRD, estas cifras generan serias dudas sobre un posible esquema de concentración de recursos, falta de transparencia contractual y violaciones a las leyes 28-23 sobre fideicomisos públicos, 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, y 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos. El documento señala que Cilpen Global habría recibido más de RD$1,337 millones en solo dos años, a pesar de contar con una capacidad operativa limitada a 300 toneladas diarias, lo que, a juicio del partido, “no justifica técnica ni legalmente semejante asignación presupuestaria”.
“Estas operaciones, marcadas por la discrecionalidad, el privilegio y la opacidad, podrían constituir graves violaciones al artículo 39 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley; al artículo 50.1 sobre libre competencia; y al artículo 68, relativo a las garantías fundamentales”, advierte el documento.
La denuncia también destaca que no hay acceso público a auditorías técnicas ni a informes que expliquen los criterios bajo los cuales se adjudicaron los millonarios contratos a dichas empresas. Mientras tanto —sostiene el partido— los gobiernos locales, las asociaciones comunitarias y las microempresas recicladoras han sido excluidos del acceso a los fondos, en contravención del principio de descentralización establecido por la Ley 225-20.
El PRD advierte que “no puede hablarse de aumentar las contribuciones al fideicomiso ni de reformas tributarias relacionadas sin antes realizar una auditoría integral, técnica y financiera” de todas sus operaciones.
En ese sentido, el partido solicitó la apertura de una investigación penal, la realización de auditorías forenses y financieras al fideicomiso y a sus contratos, así como la imposición de medidas cautelares para prevenir nuevos daños al erario e investigar posibles responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de particulares.
Finalmente, el PRD reiteró su compromiso con un modelo de gestión de residuos "justo, equitativo y descentralizado", en el que la política ambiental no sea "un negocio cerrado para unos pocos, sino una oportunidad para generar empleos verdes y fortalecer la economía circular desde lo local".
Las comunicaciones fueron depositadas por una comisión compuesta por Víctor Feliz, secretario nacional de Asuntos Municipales, y el diputado Ramón Raposo, junto con los juristas José Fernando Pérez Vólquez, José Juan Zapata, Henry Blanco y Jacinto Santos Santos.
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