SAN CRISTOBAL.- Eduardo Mora, gerente institucional de proyectos de Blue Energy Power, la empresa que operaba el Vertedero Municipal de San Cristóbal defendió que la empresa cumple con los compromisos autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y aseguró que se han invertido más de 118 millones de dólares en la gestión del vertedero, al tiempo que llamó a establecer una “simbiosis” entre autoridades, sociedad y empresas para garantizar la sostenibilidad del relleno sanitario.
El conflicto surge luego de que la Alcaldía de San Cristóbal, encabezada por Nelson de la Rosa, decidiera rescindir el contrato con la compañía encargada de administrar el depósito de desechos sólidos. La decisión fue justificada por el asesor honorífico en materia de residuos del cabildo, Diomar de la Rosa, hijo del alcalde, quien acusó a Blue Energy de incumplir la mayoría de los puntos acordados.
Mora rechazó estos señalamientos y aclaró que las licencias otorgadas a la empresa “no se vencen”, y que los compromisos ejecutados cuentan con aval oficial desde mayo de 2024. “El primer responsable de todo este proceso debe ser el gobierno municipal, pero con equipos especializados y tecnificados”, afirmó.
En medio de las tensiones, comunicadores han hecho un llamado a la Liga Municipal Dominicana para que intervenga en el conflicto, advirtiendo que existe un trasfondo político en los intentos por desplazar a Blue Energy. Según versiones que mencionó, Diomar de la Rosa estaría ejerciendo presiones a pesar de no ocupar un cargo oficial en el ayuntamiento.
Por su parte, Diomar negó estas acusaciones y aseguró que no recibe salario alguno en el cabildo. Explicó que su postura obedece a la defensa de los bienes municipales y denunció una “campaña de descrédito” en redes sociales y medios de comunicación contra su familia.
El contrato con Blue Energy, suscrito por 15 años, contempla la seguridad y el mantenimiento del vertedero, funciones que la empresa ha ejercido durante casi tres años. El futuro de la gestión de los desechos sólidos en la provincia continúa en disputa, mientras sectores sociales y comunitarios reclaman un acuerdo que garantice la continuidad del servicio.
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