República Dominicana-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito emitirá este jueves su fallo respecto a los acusados en la Operación Gavilán, red acusada de borrar penales a y alterar los registros de antecedentes penales de cientos de personas, incluidos sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas, y otros delincuentes a cambio de sobornos.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó a los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Santana condenas de hasta 10 años de prisión.
El órgano acusador, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, pidió que Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño sean condenados a 10 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público. Además de que este último sea inhabilitado para ocupar cargos de funciones públicas por un período de cinco años.
Contra Mártires Rosario Reyes, solicitó siete años de prisión; tres años y seis meses de estos que sean cumplidos en prisión domiciliaria y el resto con pena suspendida, conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP). Además, requirió el pago de una multa de cinco salarios mínimos del sector público.
En el caso de Alfredo Mirambeaux, el Ministerio Público pidió ocho años de prisión; seis años domiciliaria y dos suspendidos. Contra Rubén Darío Morbán solicitó seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos, además de multa de cinco salarios mínimos.
Para Domingo Julio Santana pidió cinco años de prisión, dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos. En el caso de Luis Alfredo Astacio Polanco, solicitó seis años de prisión, tres años en prisión domiciliaria y tres suspendidos y una multa de cinco salarios mínimos del sector público. Estos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos en el tribunal.
El Ministerio Público también pidió la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, constituida conforme a las leyes de la República Dominicana, en virtud de las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Asimismo, requirió el decomiso de todas las evidencias materiales aportadas durante el proceso, al haber sido instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.
En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad conforme al artículo 370 numeral 6 del CPP, en razón de que el presente proceso corresponde a un caso de tramitación compleja y criminalidad organizada.
La empresa Nexcon Tecnology enfrenta cargos por violación de los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; 4; 8 y 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Los fiscales señalaron que los acusados también movieron dinero ilícito a través de familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios. Con pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales incorporadas al juicio, solicitaron imponer penas privativas de libertad y sanciones económicas conforme al grado de participación y a la gravedad de los hechos, que acreditan, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal de los acusados.
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