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Conocen este domingo medidas de coerción contra miembros de red criminal por fraude bancario superior a los once millones de pesos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público, solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer y un hombre acusados de formar parte de una red criminal responsable de un fraude superior a once millones de pesos.

Los imputados, Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, fueron arrestados durante un operativo simultáneo realizado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, con apoyo de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.

Durante la operación se ejecutaron cuatro allanamientos en distintos sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, bajo la coordinación de las fiscales Lewina Tavárez Gil, directora interina del organismo, y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora del caso.Noticias relacionadas

Estafa millonaria y operación de la red

El Ministerio Público acusa a los detenidos de pertenecer a una estructura criminal que, entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, logró vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria.

Como resultado, la red estafó un total de RD$11,131,200.00 (once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos), en coordinación con otros implicados aún prófugos de la justicia.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva como medida indispensable para preservar la integridad del proceso judicial, evitar posibles obstrucciones de la investigación y garantizar la comparecencia de los acusados.

Aplazamiento de audiencia y cargos imputados

La audiencia fue aplazada por la jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para este domingo 7 de septiembre de 2025. El motivo del aplazamiento fue permitir a las defensas presentar presupuestos de arraigo.

Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores (artículos 265 y 266 del Código Penal), así como por violaciones a los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Además, se les imputa infringir la Ley 155-17, que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El Ministerio Público calificó la red como una organización altamente estructurada y reafirmó su compromiso con el avance de la investigación y la persecución efectiva del delito financiero.

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