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República Dominicana.-Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su preocupación ante la crisis persistente del sector eléctrico nacional, destacando que “desde agosto a la fecha, el país ha sufrido apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas”.

Refiere que, “a pesar de inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de 2025, la realidad refleja un deterioro estructural persistente”.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra que representa alrededor del 60% de los subsidios estatales ejecutados en este período. “Esta proporción supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales”.

“A pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025. Esto significa que por cada RD$100 invertidos, cerca de RD$38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas”.

Una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto

A través de un comunicado, Participación Ciudadana destaca que, “el sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero. A septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. Aunque al mes de agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema”.

“Estremece a la opinión pública el conocimiento en detalle de cómo se han instalado mafias de funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines, quienes han sustraído miles de millones de pesos y dólares y han sometido a este país al sufrimiento constante de largos apagones y a la economía dominicana a cuantiosas pérdidas por este concepto”.

Considera que, la persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).

“El impacto de estas irregularidades se refleja con crudeza en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico. En ese sentido, advertimos que el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales. La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no son acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido históricamente terreno fértil para el despilfarro y la corrupción”

Al gobierno

En consecuencia, el organismo exhorta al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que esta disposición no se convierta en un nuevo canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.

Participación Ciudadana demanda del Gobierno la adopción de medidas urgentes, como:

1. Transparentar a las EDES: Publicar mensualmente informes de ejecución, indicadores operativos y estados financieros.

2. Despolitizar el sector eléctrico: Por la magnitud de sus operaciones y la poca transparencia con que se ha manejado, este sector ha sido refugio y campo libre para la corrupción, el sobre empleo de activistas políticos y el tráfico de influencias.

3. Auditorías independientes: Realizar revisiones externas a contratos de compra de energía, gestión de pérdidas, inversiones en EDES y fraudes detectados, como el caso de EDEESTE.

4. Revisión de subsidios: Redefinir la política de subsidios, priorizando esquemas focalizados como Bono Luz mediante el SIUBEN, de forma que los recursos lleguen a los hogares vulnerables y no a déficits operativos insostenibles.

5. Plan de reducción de pérdidas: Establecer metas anuales con monitoreo multisectorial, garantizando que las inversiones en generación y distribución tengan resultados verificables.

6. Lucha contra el fraude: Intensificar campañas de regularización, incorporar tecnología de medición avanzada, aplicar sanciones efectivas y llevar a la justicia a los responsables de fraude eléctrico.

“Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad”.