República Dominicana.-En la audiencia el viernes 12, del caso identificado por el Ministerio Público como Operación Calamar, luego de cerrarse las presentaciones con la exposición del abogado querellante Pablo Castillo, tomó la palabra Ángel Lockward para rebatir los señalamientos en su contra.
Fue entonces cuando Lockward recordó declaraciones ya publicadas en los medios en julio de 2023: “No conocía a Gonzalo Castillo, ni a Ramón Peralta, ni a Donald Guerrero; no les dio dinero, solo aportó a Luis Abinader”. Tras esa afirmación, desmontó punto por punto los argumentos de la acusación, al punto de que, el propio Pablo Castillo desistió en ese momento de la querella contra Ángel Lockward y el exministro Donald Guerrero.
Asimismo, otros abogados de los querellantes, al analizar las pretensiones del Ministerio Público sobre la propiedad, el valor y la forma de pago de los terrenos expropiados en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), coincidieron en que los pagos fueron realizados conforme a derecho y que no existió desfalco.
“Si hubo engaño, fue de parte de Fernando Crisóstomo, el gran beneficiado con un criterio de oportunidad”, puntualizó el abogado Moisés Sánchez, quien lo calificó como “el villano favorito del MP”.
En ese contexto, representantes de las familias propietarias de los terrenos del AILA —entre ellos los abogados Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— desistieron formalmente de sus querellas contra Donald Guerrero. Argumentaron que, tras revisar las pruebas, quedó demostrado que Hacienda cumplió con sentencias firmes de pago y que no hubo complicidad con los exfuncionarios señalados.
El tribunal también conoció desistimientos presentados desde diciembre pasado por familiares de la familia Reyes, representados por José E. Cuevas, Marino Elsevif, Fernando López Nicasio y Eugenio de la Rosa. Aunque sus intervenciones fueron pospuestas, los jueces validaron las renuncias a las acusaciones contra Lockward en esta nueva audiencia.
El juicio continuará el próximo jueves con la exposición del abogado Braulio Castillo, representante de la familia Mota, que suscribió acuerdos con el Estado.
Asimismo, se espera escuchar a otros representantes vinculados al caso del Parque del Este, aunque según fuentes judiciales muchos de ellos carecen de títulos registrados o no han firmado contratos con el Estado.
La divergencia entre los querellantes —que sostienen que no hubo desfalco y que corresponde pagar el saldo pendiente a los propietarios— y el Ministerio Público —que insiste en un supuesto fraude y se opone a cualquier pago— plantea un choque legal.
Según la abogada Ingrid Hidalgo, esta contradicción es “un imposible” a la luz del artículo 302 del Código Procesal Penal, un aspecto que la jueza Altagracia Ramírez dejó pendiente de decisión.
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