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En el debate sobre las pensiones dominicanas pocas frases se repiten tanto como esta; “las AFP son las únicas que ganan”. La idea ha calado en la opinión pública porque conecta con la indignación social y la desconfianza hacia el sistema.

Pero al revisar los datos oficiales, la realidad muestra matices que obligan a cuestionar esa percepción. Según la ley, el trabajador aporta un 2.87% de su salario y el empleador un 7.10%.

Eso significa que, de cada 100 pesos destinados a la cuenta individual, casi tres salen del bolsillo del afiliado y siete de la empresa que lo contrata. Si ese aporte patronal desapareciera, el saldo acumulado sería casi un 70% más bajo.

El dato es contundente, aunque pocas veces se discute con claridad.

El otro hallazgo es el peso de la rentabilidad, cerca del 60% del dinero acumulado en las cuentas de los afiliados proviene de las inversiones realizadas por el sistema, impulsado en gran medida por los nuevos instrumentos de inversión autorizados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

En la práctica, de cada 100 pesos ahorrados, entre 15 y 20 son del trabajador, unos 30 del empleador y más de 60 corresponden a los rendimientos.

Y es que los fondos no permanecen inmóviles; se colocan en instrumentos financieros que han garantizado históricamente tasas de rentabilidad superiores a la inflación.

Más de 4.2 millones de trabajadores tienen cuentas activas, y la rentabilidad promedio anual desde la creación del sistema ronda el 9% nominal. Es decir, el crecimiento acumulado de los ahorros no depende solo de lo que se aporta, sino de lo que esos aportes generan en el tiempo.

Los números globales ayudan a dimensionar el sistema: a mediados de 2025, los fondos de pensiones superaban los RD$1.3 billones, equivalentes a casi un 18% del PIB dominicano.

¿Por qué, entonces, persiste la percepción de que “solo las AFP ganan”? La explicación está en la fuerza de la narrativa emocional frente al dato técnico.

Los ciudadanos enfrentan salarios insuficientes, un alto costo de vida y un clima de desconfianza en las instituciones, en ese contexto, una frase cargada de crispación social conecta más rápido que un porcentaje, aunque el porcentaje cuente otra historia.

Ahora bien, desmontar el mito no significa negar las críticas. La tasa de reemplazo proyectada, lo que recibirá un trabajador al jubilarse en proporción a su salario, apenas ronda entre un 22% y un 30%, además, millones de trabajadores informales quedan fuera del sistema, lo que profundiza la desigualdad.

Estas limitaciones explican en parte la inconformidad ciudadana y hacen imprescindible una reforma que garantice mejores resultados para todos.

También existen cuestionamientos sobre las comisiones, aunque la ley las ha reducido del 1.20% en 2020 a 0.95% hoy, con meta de 0.75% en 2030, siguen siendo un punto sensible.

No porque consuman los rendimientos, los cuales se acreditan íntegros a los afiliados, sino porque refuerzan la idea de que las administradoras siempre tienen ingresos asegurados, mientras los trabajadores dudan de lo que recibirán en el futuro.

El sistema de pensiones no debe blindarse de la crítica, pero sí de las consignas pegajosas.

Los datos son claros; sin el aporte patronal, los fondos serían insignificantes; sin inversiones rentables, apenas se devolvería lo cotizado.

El verdadero reto no es crear consignas, sino la reducción de la informalidad para procurar alcanzar pensiones suficientes y sostenibles.