SANTO DOMINGO.- La situación de la adolescente de 15 años en Pantoja ha generado conmoción nacional y puesto en evidencia las deficiencias en materia de protección a menores de edad. La menor, víctima de abuso sexual, supuestamente fue lanzada desde un tercer piso en la calle Isabela, lo que dejó a toda la comunidad consternada y en pie de reclamo por mayor seguridad y sanciones ejemplares.
En el Congreso Nacional, diputados de diferentes partidos se pronunciaron enérgicamente contra este hecho. La legisladora Dorina Rodríguez expresó que la agresión es una muestra del deterioro de la salud mental en la sociedad y urgió a implementar programas de prevención. Yalis Soto Mordán planteó la necesidad de crear un registro nacional de agresores sexuales para evitar que reincidan, mientras Tobías Crespo insistió en que “hasta que no haya sanciones ejemplificadoras” los crímenes contra menores seguirán ocurriendo.
El presunto responsable, Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, se entregó de manera voluntaria en la unidad de violencia de género de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde enfrenta acusaciones por violación sexual y tentativa de homicidio. Según el Código Penal y la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.
La víctima se encuentra ingresada en un centro de salud recibiendo atenciones médicas, mientras familiares y residentes de Pantoja exigen justicia y medidas de protección más efectivas para evitar que hechos similares se repitan. En paralelo, organizaciones sociales han advertido que estos crímenes no solo afectan a las familias involucradas, sino que generan un profundo impacto en toda la comunidad y aumentan la percepción de inseguridad en el país.
Los legisladores han pedido al Gobierno diseñar e implementar políticas integrales que combinen sanción, prevención y rehabilitación, con especial atención a la salud mental y a la protección de los menores. Además, han insistido en que el caso de Pantoja debe ser procesado con la mayor firmeza para enviar un mensaje claro de que este tipo de delitos no quedarán impunes.