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Exministro Plutarco Arias defiende contrataciones sin informes en Salud Pública; alega fue por crisis del COVID-19

SANTO DOMINGO.-El doctor Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, defendió la  adjudicación de 30 contratos mediante procedimientos de urgencia y emergencia, por un monto total de RD$1,355,458,915sin remitir los informes detallados a los organismos de control correspondientes.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) detectó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) adjudicó los contratos sin informes.

El exministro justificó que esta omisión se debió a la inmediatez y presión generada por la crisis sanitaria del COVID-19, que exigía respuestas rápidas para abastecer los centros médicos.

De acuerdo con el Informe de Auditoría a las Informaciones Financieras del Mispas (2016-2021), no se encontró evidencia de que la institución remitiera los informes de las contrataciones a la Cámara de Cuentas ni a la Contraloría General de la República Dominicana, como ordena el Decreto n.º 543-12, reglamento de aplicación de la Ley n.º 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El artículo 4, numeral 9, del citado decreto establece que, quince días después de satisfecha la necesidad provocada por la emergencia o urgencia, las entidades deben rendir un informe detallado a los organismos fiscalizadores y publicar la información en sus portales institucionales.

En una comunicación fechada el 25 de abril de 2025, el exministro Plutarco Arias aseguró que durante su gestión el país enfrentaba la emergencia sanitaria por el COVID-19, y que muchas de las adquisiciones fueron esenciales para garantizar medicamentos y equipos médicos.

Nos encontrábamos inmersos en la inmediatez de la crisis sanitaria. Estas compras permitieron que la OMS reconociera a la República Dominicana entre los países con mejor manejo del COVID-19”, sostuvo.

A pesar de los argumentos presentados, la Cámara de Cuentas mantuvo la observación, indicando que la falta de rendición de informes vulnera los principios de transparencia, fiscalización y control que rigen la administración pública.

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