entelevision ::

En el momento que empezamos a escuchar sobre la Alianza Público-Privada, vimos una nueva modalidad accionaria de la administración pública, y un gran soporte del empresariado ante procesos competitivos en el ámbito público, hasta como una gran alianza estratégica entre ambos.

La propia Ley es clara: Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, promulgada en fecha 20 de febrero del año 2020, establece las Alianzas Público-Privadas (“APP”) como “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato”.

“Una alianza, es definida como la cooperación entre dos o más organizaciones, con el objetivo de lograr un resultado que una de las partes no puede lograr por sí sola”, la cual, decimos incluso, que tiene razón de existir, y si es bien usada, mejor todavía.

Producto de lo acaecido en una institución tan importante para el país, como es el Seguro Nacional de Salud – Senasa, por demás la única ARS pública, ha sido mucho lo que nos viene a la mente, no sólo por el hecho como tal, sino por la magnitud y lo que significa para el mismo sector salud del país, por la acción conjunta del sector privado que lo quiere todo.

El sector político no es ajeno a esto. Es por ello el título que dimos a este artículo en esta edición. Con la única intención de plasmar en él nuestro pesar e indignación por un hecho, que a pesar de los tantos casos de corrupción que hemos visto, gobierno tras gobierno, este debe ser el más horroroso, y debe ser bien castigado, desde la cabeza del entramado hasta el menos responsable.

Aquí es de obligación algunas preguntas: ¿qué pasó con los organismos de control del Gobierno? ¿no se percató Contraloría sobre este particular, que tanto le cae encima a los microempresarios? ¿en esos años que se organizó todo, la DNI y otros servicios de inteligencia estaban apagados? ¿la Dirección de Ética que dirige doña Milagros no recibía informaciones, como recibía del Ministerio de la Juventud en tan poco tiempo? ¿cómo rayos se pagaban tantos millones y nadie se daba cuenta? ¿dónde estaba y qué alerta dio la Superintendencia de Bancos, como bien hizo la SISALRIL?

Claro está, la corrupción público-privada en República Dominicana ha venido dando tumbos durante años, precisamente por el espacio o brecha que se ha dado a ese sector insaciable empresarial, tal como le llamó Joaquín Balaguer, el cual ha capitalizado la ambición de un sector político, que a costa de lo que sea cercenan la posibilidad a los demás, hasta de recibir lo más elemental como buena salud, alimentación y educación.

Hemos sido víctimas de casos de corrupción en diferentes épocas o Gobiernos y en diferentes actividades, tales como: la banca, la agricultura, combustible, educación, telecomunicaciones, alimentación, la construcción, la basura, medio ambiente, electricidad, la justicia, entre tantas otras, en las que se ha visto afectada la ciudadanía en pleno, y diferentes estratos sociales, y en muchos casos sin respuestas.

Diferente a todos esos sectores y actividades, y quedé corto, la corrupción en la salud no puede ser, ni debe ser perdonada, mucho menos tratada con paños tibios en una sociedad compuesta por clase media baja, media alta, pero también paupérrima, esta última que radica en lugares donde ni siquiera saben lo que es un bombillo, mucho menos las tres calientes.

Con bombos y platillos, Senasa nos había informado y garantizado todos los servicios de salud a los más de 7.4 millones de afiliados que conforman sus distintos regímenes, a través de una amplia y fortalecida red de prestadores en todo el territorio nacional, lo que vimos con buenos ojos y aplaudimos.

Pero la indolencia de un grupo de personas (y muchos más) se apoderó a tal punto, que no tuvieron miramientos de ningún nivel, recurriendo totalmente a lo inhumano y sin pensar en la repercusión de sus intenciones, con el único objetivo de duplicar lo que tenían en sus cuentas bancarias y sus caprichos materiales, en desmedro no solamente del pobre, también del enfermo, sin importar de qué padezca.

No es para menos que el presidente Luis Abinader se sienta abrumado y decepcionado con los tantos casos de corrupción en un Gobierno, que aunque va ya en su segundo periodo, y comparándolo con los del PLD-Leonel y Danilo, es joven, pero no se puede negar que son los propios miembros del PRM que han recurrido a la corruptela, no aliados, y peor aún, en algunos casos de su cercanía.

Si lo dicho por Yeni Berenice, en el sentido de que la segunda etapa de este caso, o Senasa 2.0 es mayor, creo que el propio presidente tendrá que verse compelido a pedir disculpas al país, así como lo hizo una noche desde Punta Catalina por aquella escasez de energía.

En virtud de eso y por mucho más, creo oportuno y me sumo, a que el presidente conforme un gran equipo, Comisión o Consejo Especial para empezar auditar todas las instituciones públicas, en busca de que haya una trasparencia el control del erario, sin importar quién esté al frente de una u otra institución y que tenga convenio con el sector privado, incluso la misma Dirección General de Alianzas Público Privadas – DGAPP.

El articulista es periodista de profesión y analista
[email protected]