SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó este domingo el inicio de una investigación de oficio contra de operadores económicos tras encontrar indicios de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas para el Programa de Alimentación Escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
La institución señala en un comunicado de prensa a Ana Esmeralda Santana y Santana de Nova, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana, como agentes económicos con presuntas prácticas contrarias a la libre competencia.
La resolución que fue colgada en el portal web de la entidad, fue la primera emitida en el presente año este sentido, dando inicio al proceso de apertura de investigaciones de 2026, luego de que en 2025 se registrara un récord de cinco casos que involucraron a 16 agentes económicos.
En el análisis de la documentación correspondiente a la licitación, la Dirección Ejecutiva identificó múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de un posible acuerdo ilícito entre los referidos agentes económicos, incluyendo vínculos societarios entre los ofertantes y el uso de una red de proveedores comunes, entre los que destacan un mismo notario público y un mismo contador público autorizado.
“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, alegó la Dirección Ejecutiva.
Además, se identificó la obtención de documentos, como cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva, además de la presentación de programas de control de plagas idénticos, ejecutados por la misma empresa y por el mismo técnico fumigador, en fechas coincidentes.
La conducta investigada fue tipifica, de manera preliminar, en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas.
La Dirección Ejecutiva de ProCompetencia aclaró que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas investigadas, sino que habilita la fase investigativa para contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho a la defensa, conforme al principio de presunción de inocencia, hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.
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