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República Dominicana-El Ministerio Público concluyó este viernes la presentación de su réplica a la defensa de los imputados en la supuesta red delictiva, desarticulada a mediante la operación Calamar y que tiene como supuestos cabecillas a los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero; y de la Presidencia, José Ramón Peralta.

“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, señaló.

Contrario a lo que han afirmado las defensas de los acusados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, asegura que cuenta con pruebas irrefutables contra los encartados, por lo que no existe motivo alguno para que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acoja los incidentes presentados, entre los que se incluye, solicitud de nulidad de caso.

“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no”, indicó Wilson Camacho, director de Persecución de la Procuraduría General de la República.

El magistrado Camacho refirió que las defensas nunca responden los hechos en el tribunal. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Vista. No hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.

En ese mismo orden, dijo: “no hablan de la línea de casino en la que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba El Programa o El Proyecto”.

De acuerdo a la acusación formal que, que incluye un total de 46 imputados entre personas físicas y jurídicas, el supuesto entramado de corrupción habría operado mediante maniobras administrativas para gestionar desembolsos irregulares desde distintas instituciones públicas por más de 21 mil millones de pesos, en perjuicio del Estado dominicano, para financiar campañas políticas.