República Dominicana.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una fuerte crítica a la gestión del Gobierno en materia de seguridad, asegurando que, pese a los constantes anuncios oficiales, el país sigue sin una estrategia clara, efectiva y sostenible para enfrentar la criminalidad.
La posición fue dada a conocer por Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, quien denunció que “la improvisación caracteriza este período de gobierno” y que los “planes fracasados” implementados por las autoridades no han generado transformaciones en la seguridad del país.
La dirigente política sostuvo que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones del país, debido a la falta de avances sostenidos en la prevención del delito, debilidades en la inteligencia policial y la ausencia de transformaciones estructurales, tanto en el Ministerio de Interior y Policía como en la Policía Nacional.
En ese contexto, al presentar el documento en nombre de la Fuerza del Pueblo, Reynoso cuestionó el manejo de la información oficial, señalando que las cifras sobre criminalidad carecen de coherencia institucional y presentan contradicciones entre distintas entidades del Estado.
Indicó que, mientras la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de Estadística y la Procuraduría presentan datos distintos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana permanece prácticamente inoperante, sin publicaciones actualizadas desde 2023, lo que ha generado un escenario de confusión en torno a la evolución real de la criminalidad.
Asimismo, criticó la reforma policial, definiéndola como un proceso “ejecutado al revés” y un intento de corrección tardía, al señalar que durante años se implementaron cambios sin el debido sustento legal, lo que provocó distorsiones en la estructura institucional.
También denunció irregularidades en contrataciones, incluyendo el pago millonario al comisionado policial, muy por encima del salario del propio director de la institución.
En ese sentido, destacó que, mientras se habla de reforma y austeridad, al comisionado de la Policía se le asignó un salario mensual de RD$2,336,400, para un total de RD$56,073,000 durante el contrato, mediante un mecanismo de excepción. De acuerdo con la dirigente política, ese funcionario gana 22 veces más que el director de la Policía.
La dirigente subrayó que esto no es una simple irregularidad, sino una distorsión escandalosa de la estructura salarial que evidencia el desorden y las contradicciones de la reforma policial.
Igualmente, afirmó que el aumento salarial aplicado a los agentes ha sido absorbido en aproximadamente un 34 % por la inflación y la devaluación, lo que mantiene a los policías en condiciones precarias. A esto se suma el deterioro de los destacamentos, donde “más del 75 % de los destacamentos no cuenta con condiciones dignas para ejercer ninguna labor, y menos aún la policial, de manera respetuosa tanto para quienes trabajan como para quienes buscan un servicio”, dijo.
En el documento dado a conocer, la principal organización opositora dominicana también puso en duda los supuestos avances en modernización, señalando que en febrero de 2026 el Gobierno anunció que contaba con cerca del 80 % de destacamentos con conectividad a internet; “pero la realidad es que el 74 % de los destacamentos carece de conectividad y equipamiento, y que la formación técnica es insuficiente para que los agentes puedan responder a los desafíos tecnológicos en un contexto de seguridad moderna”, sostuvo.
En cuanto a los planes de seguridad, la organización política criticó la constante creación y abandono de programas como “Mi País Seguro” y “Garantía de Paz”, lo que evidencia la falta de dirección y de una política coherente.
Sobre la criminalidad, aseguró que las cifras oficiales no reflejan la realidad y presentan variaciones que evidencian contradicciones en los datos oficiales. Indicó que cifras oficiales han variado de 8.15 a 8.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que cálculos basados en datos institucionales sitúan la tasa en torno a 11, y los datos manejados por la organización la ubican en 12.71, con un total de 1,392 homicidios en 2025.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo advirtió sobre el crecimiento del crimen organizado, el microtráfico y los delitos tecnológicos, alertando que el país enfrenta un escenario cada vez más complejo, con la presencia de nuevas amenazas como las drogas sintéticas y el tráfico de sustancias como el fentanilo.
Al cierre de su intervención, Josefina Reynoso afirmó que “la seguridad ciudadana no puede seguir siendo administrada como un discurso. El país necesita instituciones sólidas, datos transparentes, tecnología aplicada a la prevención del delito y una estrategia concreta que devuelva la tranquilidad a nuestras familias”.
COMUNICADO
En nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, presentamos nuestra posición sobre la situación actual de la seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana constituye un pilar fundamental para la estabilidad social, política y democrática de cualquier nación. No solo garantiza la convivencia pacífica del pueblo dominicano, sino que también constituye un eje esencial para el desarrollo económico, la confianza institucional y la gobernabilidad del país.
A pesar de esto, desde 2020 hemos oído hablar de planes y programas, de la incorporación de asesores internacionales y de la implementación de modelos importados. Sin embargo, estos esfuerzos —como diría cualquier buen dominicano— han pasado sin pena ni gloria; y sin generar transformaciones reales en la seguridad del país.
En consecuencia, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones no resueltas de hombres y mujeres en República Dominicana.
Esto no es casual.
NO se han producido avances sostenidos en materia de prevención del delito y la inteligencia policial sigue siendo limitada; y
NO se evidencian transformaciones estructurales ni reforma del Ministerio de Interior, ni la transformación real de la Policía Nacional.
En otras palabras, más allá de los anuncios y discursos, lo que aún no vemos es una estrategia de seguridad sólida, con objetivos definidos, resultados verificables y una planificación institucional que responda de manera efectiva a las necesidades del pueblo dominicano.
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD
Conviene recordar que el Observatorio de Seguridad Ciudadana fue creado durante el mandato del entonces presidente Leonel Fernández con un objetivo claro: garantizar información constante, actualizada y verificable, que permitiera evaluar las acciones del Estado y orientar las políticas públicas en materia de seguridad.
Este gobierno, bajo la promesa de modernizar el sistema de información, ha producido únicamente un cambio de nombre, acompañado de la misma inoperancia que ha caracterizado a este Observatorio durante los últimos cinco años.
La información no se publica con regularidad, los boletines no se actualizan y la ciudadanía carece de acceso oportuno a datos esenciales para comprender la evolución de la criminalidad en el país.
De hecho, basta con acceder a su página web para constatar que el último boletín disponible es de 2023, mientras la plataforma continúa “en construcción”.
Desde entonces, el silencio estadístico ha sido la norma, y lo más preocupante es que, mientras se anuncia la presentación del boletín correspondiente a 2025, aún no se han publicado los datos completos del año anterior.
Incluso se recurre a reportes internacionales como fuente de validación, cuando en realidad son las mismas instituciones nacionales las que alimentan esos informes, como ocurre, por ejemplo, con InSight Crime.
El resultado es un escenario de total confusión:
Nos preguntamos: ¿qué cifra debe creer el país?
En este contexto, resulta fácil construir una narrativa optimista cuando los datos están concentrados y controlados por un reducido grupo de funcionarios.
REFORMA DE LA POLICÍA NACIONAL Y LEY ORGÁNICA
Solo hasta 2025 se dieron cuenta de que la verdadera transformación de la Policía Nacional requiere un sustento legal sólido que respalde los cambios profundos que esta institución realmente necesita, y de que todo lo que han realizado hasta ahora NO gozaba de un marco regulatorio que lo respaldara si estaba en contradicción con la ley vigente.
Sin embargo, este anuncio llega tarde. Han transcurrido más de cinco años de gestión sin que el país cuente con una estrategia clara, integral y sostenida de seguridad pública. Peor aún, durante ese tiempo se han implementado múltiples medidas que ni siquiera estaban contempladas en la vigente Ley 590-16.
Lo que vimos fue una reforma ejecutada al revés: decisiones improvisadas, cambios estructurales sin planificación, alteraciones en los procesos internos y transformaciones institucionales sin el debido sustento jurídico. Hoy, después de cinco años, se admite —de forma implícita— que era necesario construir primero el marco legal.
Lo más preocupante no es solo la tardanza, sino el contenido. Se plantea un marco que pone en riesgo derechos adquiridos y tensiona la estructura jerárquica de la institución al introducir figuras civiles sin una clara delimitación de funciones, proponiendo alterar los escalafones y crear categorías, como la de agentes patrulleros con permanencias prolongadas, lo que puede distorsionar la carrera policial.
Esto no es una reforma estructurada e integral; es un intento de corrección tardía.
AUMENTO SALARIAL
Aún hoy se continúa presentando el aumento salarial aplicado en 2023 como si se tratara de un logro vigente. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Este incremento ha sido absorbido en aproximadamente un 34% por la devaluación del peso frente al dólar y el aumento sostenido de la canasta básica, que actualmente ronda los $50,000 pesos mensuales.
Mientras tanto, un agente policial devenga un salario promedio de $29,000 pesos mensuales. En estas condiciones, no se puede hablar de dignificación cuando el salario real sigue siendo claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Pero de lo que no se habló, fue de los procesos de contratación.
La reforma policial se ha visto salpicada por contrataciones realizadas bajo la modalidad de “grado a grado”, en violación de los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y sus reglamentos de aplicación.
Un caso particularmente preocupante es la asignación de un salario mensual de más de $2,3 millones de pesos al Comisionado de la Policía, para un total que supera los $56 millones de pesos durante la vigencia del contrato, otorgado precisamente mediante este mecanismo de excepción, devengando un salario 22 veces mayor que el del director general de la policía. O sea, una profunda distorsión en la estructura salarial.
DESTACAMENTOS
Se ha hablado de la dignificación institucional. Pero para esto es necesario contar con ambientes laborales adecuados.
La realidad demuestra que más del 75% de los destacamentos no cuentan con condiciones dignas para ejercer ninguna labor, y menos aún la policial, de manera respetuosa para quienes trabajan y para quienes buscan un servicio.
En ese mismo orden, el presidente destacó en su discurso la construcción y mejora de los destacamentos policiales como uno de los avances de su gestión. Lo que no se dijo en la rendición de cuentas es que la meta anunciada era la construcción de 202 destacamentos, de los cuales apenas 98 han sido completados hasta 2025.
A esto se suma un elemento aún más preocupante: el uso de los recursos públicos.
Según la información disponible, se han destinado aproximadamente $440 millones de pesos al proceso de remodelación y adecuación.
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA
En febrero de 2026, se anunció que contamos con cerca del 80% de destacamentos con conectividad a internet, pero la realidad es que el 74% de destacamentos carecen de conectividad y equipamiento, y que la formación técnica es insuficiente para que los agentes puedan responder a los desafíos tecnológicos en un contexto de seguridad moderna.
| Destacamentos servicio de conectividad | |
| Total destacamentos existentes | 724 |
| Concluidos | 14 |
| En ejecución | 51 |
| Con proceso lanzados | 120 |
| Pendiente de conectar | 475 |
| Sin ser tomados en consideración | 64 |
Fuente Indotel
Al igual que en otras áreas, los datos siguen siendo cuestionables y difieren entre instituciones.
| Tipo de conectividad | Cantidad |
| Teléfono e internet | 98 destacamentos |
| Solo teléfono | 72 destacamentos |
| Solo internet | 12 destacamentos |
| Total | 182destacamentos |
Fuente Policía Nacional
¿Qué implica esto? Que estamos muy lejos de tener una policía del siglo XXI como se prometió y que
PLAN CUADRANTE
En 2025, la actual ministra del Interior presentó el Plan Cuadrante como una innovación de la gestión actual.
Cuando el Plan Cuadrante fue implementado originalmente entre 2007 y 2012, en 101 barrios de Santo Domingo y Santiago, a través del Plan de Seguridad Democrática y del subprograma Barrio Seguro, impulsado por el entonces presidente Leonel Fernández, junto con la incorporación de la Policía de Proximidad y de las mesas de trabajo comunitario.
Donde la presencia comunitaria fue, en su momento, la principal plataforma del Plan de Seguridad Democrática. Esto no es nuevo, señor presidente.
UNIFORMES
De lo que no se habló y que tampoco se explica es el gasto destinado al diseño del nuevo uniforme que no responde a la realidad climática del país y que rompe con la identidad histórica que ha caracterizado a nuestra Policía Nacional; la reforma policial es más profunda que supeditarse al cambio de color del uniforme.
Al pueblo dominicano le ha costado más de $1,000 millones de pesos para cambiar el color y contratar a una diseñadora.
INGRESO DE NUEVOS POLICÍAS
También se ha presentado el número de ingresos a la Policía Nacional como un logro. Permítame decirle que le mienten con esta información, ya que entre 2023 y 2025 NO ingresaron esa cantidad de agentes.
Los datos oficiales revelan que menos del 49 % de los graduados permanece en la nómina policial. Esto evidencia un grave problema de retención y de sostenibilidad del recurso humano; además, la proporción no les permite alcanzar la meta anunciada de 20.000 policías para 2028, dejando un déficit de 17,000 mil agentes.
Asimismo, durante este período se alquiló un hotel por un monto de $118 millones de pesos anuales para convertirlo en un centro de formación policial.
Sin embargo, en su primer año apenas se graduaron 1.016 agentes, cuando la meta proyectada era de 3.000.
¿Qué significa esto? Que los recursos destinados a ese alquiler pudieron haberse invertido en la reparación, ampliación y adecuación de infraestructuras formativas que ya pertenecen al sistema policial.
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS SIN RESULTADOS
En este mismo orden, el país ha sido testigo de una sucesión constante de programas y planes de seguridad anunciados, relanzados, renombrados o simplemente abandonados en el camino.
Reflejando la falta de dirección e improvisación que caracteriza este periodo de gobierno, entre los planes fracasados podemos mencionar:
¿Qué significa que en un mismo período de gobierno se anuncien tantos planes distintos?
Sencillo, que en cinco años de gestión no se ha logrado consolidar una estrategia de seguridad ciudadana constante, coherente y sostenible.
TASA DE HOMICIDIOS, CRIMINALIDAD Y VICTIMIZACIÓN
Conviene recordar que durante la campaña electoral se prometió reducir la tasa de homicidios en más del 50% en los primeros dos años de gestión. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una realidad: el país registra una tasa de homicidios superior a la de 2019, cuando el objetivo era reducirla al 4,5%.
Pero el problema no se limita únicamente a los resultados. Lo más grave es el manejo de la información.
Desde la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA FUERZA DEL PUEBLO lo expresamos con claridad:
Las cifras sobre homicidios carecen de coherencia institucional.
Primero: cada entidad presenta datos distintos y, cuando se consolidan las informaciones disponibles de la Procuraduría General, la ONE y la Policía Nacional para el período 2021–2025, se evidencia que las cifras no coinciden entre sí.
Para principios de 2026, se informó una tasa de 8.15 en el discurso de rendición de cuentas; apenas una semana después , se rectificó a 8.7. Sin embargo, ninguna de estas cifras se ajusta a la realidad.
De hecho, si tomamos las propias declaraciones de la ministra de Interior y Policía, quien para el 15 de diciembre de 2025 afirmó —cito— que “se registró un total de 1,205 homicidios”, y si aplicamos la fórmula correspondiente para calcular la tasa por cada 100 mil habitantes, el resultado es claro:
LA TASA REAL no coincide con la narrativa oficial, situándose en torno a 11 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Peor aún, los datos que manejamos desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que la tasa real para el año 2025 asciende a 12,71, con un total de 1.392 homicidios.
Por tanto, no es correcto afirmar que estamos ante una reducción histórica de la violencia, como se ha querido vender.
SISTEMA PENITENCIARIO
Escuchamos la misma promesa reiterada desde la campaña electoral: que la reinserción social comenzará con infraestructuras dignas, planificadas y humanas.
Pero la realidad del sistema penitenciario cuenta una historia muy distinta.
En primer lugar, no se dio continuidad al Nuevo Modelo Penitenciario impulsado entre 2008 y 2012, ni se fortaleció ni se transformó para garantizar niveles más altos de reinserción social. Se dejó estancado un modelo que requería evolución, no abandono.
El país aún recuerda con indignación la tragedia en la que decenas de privados de libertad perdieron la vida en un incendio, un hecho que expuso con crudeza las condiciones inaceptables en las que opera nuestro sistema carcelario.
Lo más alarmante es que, incluso después de esa tragedia, el país tuvo que esperar hasta finales de 2025 para concretar el traslado a la cárcel de Las Parras.
Ahora anuncian diez nuevos centros penitenciarios.
Pero ¿cómo creer en nuevas promesas, cuando en cinco años no se logró completar ni una sola obra dentro de los plazos establecidos?
ESTRUCTURAS DELICTIVAS
En su discurso, el presidente afirmó que más de 150 estructuras delictivas fueron desarticuladas, lo que se presentó como un logro importante del sistema de seguridad.
Sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana consideramos necesario llamar la atención sobre un elemento clave que no fue abordado: los hallazgos del Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, un documento que, más que un compendio de cifras, constituye un registro de vulnerabilidades.
Este informe, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, es una referencia internacional que mide los niveles de criminalidad organizada y evalúa la capacidad de respuesta frente a estas amenazas.
Entre 2021 y 2025, esta iniciativa situó al país en el puesto 91 de 193 naciones —ascendiendo tres posiciones—. En el lugar 21 de 35 países de América; y el cuarto lugar entre los 13 países del Caribe.
Asimismo, este índice advierte sobre riesgos emergentes que no pueden ser ignorados, como el crecimiento de las drogas sintéticas y los delitos cibernéticos.
De hecho, el país comienza a figurar como punto de producción y tránsito de sustancias como el éxtasis y el fentanilo, con destino principalmente a América del Norte.
Todo esto configura un escenario claro: República Dominicana enfrenta un ecosistema criminal cada vez más diversificado.
Por tanto, resulta evidente que, en materia de criminalidad organizada, el país no está obteniendo resultados satisfactorios ni puede presentarse con una valoración positiva.
Hoy tenemos mayor presencia de microtráfico en muchos barrios del país, un sistema penitenciario debilitado desde el cual se siguen coordinando robos y operaciones criminales,
Además, se suman cientos de familias dominicanas que continúan buscando a sus desaparecidos, sin contar todavía con un sistema sólido, inmediato y tecnológicamente integrado que permita responder con rapidez ante esas situaciones.
La postura de la Fuerza del Pueblo es que la seguridad ciudadana no puede seguir siendo administrada como un discurso, señor presidente.
La seguridad es una política de Estado. Y el país necesita instituciones sólidas, datos transparentes, tecnología aplicada a la prevención del delito y una estrategia concreta que devuelva la tranquilidad a nuestras familias.
Hoy, lamentablemente, esa tranquilidad sigue siendo una deuda pendiente con el pueblo dominicano.
Muchas gracias.
Josefina Reynoso Secretaría de Seguridad Ciudadana Partido Fuerza del Pueblo
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