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SANTO DOMINGO.- Un nuevo giro procesal vuelve a retrasar el conocimiento de la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y enfrentamientos entre la defensa y el Ministerio Público.

La jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, intentará por tercera ocasión conocer este viernes la solicitud de medida cautelar contra el imputado, a quien el Ministerio Público acusa de recibir un soborno de 10 mil dólares en el marco del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”.

Durante la más reciente audiencia, el proceso fue sobreseído luego de que la defensa recusara a la magistrada, alegando falta de imparcialidad. La decisión sobre este incidente deberá ser tomada por la Suprema Corte de Justicia, lo que mantiene en pausa el conocimiento de la coerción.

Valdez Alcántara, arrestado en flagrante el pasado 27 de marzo, es señalado de recibir sobornos y ejercer coacción contra el testigo Roberto Canaán Acta, a quien habría exigido inicialmente 200 mil dólares —luego reducidos a 150 mil— a cambio de alterar el curso de la investigación y garantizarle impunidad.

Según el abogado Albert Delgado, la recusación se fundamenta en que la jueza habría participado previamente en una fase clave del proceso, específicamente en la entrega controlada del dinero, lo que a su juicio compromete su objetividad para conocer el caso.

“Ella participó en cuando se hizo la entrega controlada. Entonces ella tuvo contacto con el dinero, tuvo contacto con video, con pruebas que ella dice que nosotros ni siquiera hemos tenido contacto con ella y ella decide en esa situación y después no puede desde la óptica de la defensa no puede conocer el proceso en contra de nuestro representado porque ya ella participó en punto de fondo del proceso", expresó Delgado.

En contraste, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la recusación como un intento de evadir las evidencias, asegurando que se trata de un “litigio temerario”.

“La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido en el día de hoy con un grito desesperado, con un absurdo de recusar a una jueza a la que ellos en dos audiencias anteriores le hicieron pedimento y esa jueza decidió y han venido con unos argumentos que ellos conocían en esas dos audiencias y que en ningún momento plantearon la recusación”, sostuvo Camacho.

El Ministerio Público mantiene su solicitud de 12 meses de prisión preventiva, al imputar al fiscal por presuntos delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, en una investigación que, según Camacho, sigue abierta para recolectar más evidencias.

Por su parte, la defensa técnica insiste en que su cliente no debe ser enviado a prisión preventiva, alegando que cuenta con suficiente arraigo y que, por su condición de fiscal, la medida resulta desproporcionada.

“Si una persona tiene arraigo suficiente no puede ser reducido a prisión preventiva… estamos hablando de un ciudadano que es procurador fiscal todavía en la actualidad”, mantuvo Valentín Medrano, también abogado del imputado.

El expediente también recoge indicios de posible enriquecimiento no justificado, sustentados en depósitos bancarios, cheques y adquisiciones de bienes que no se corresponderían con el salario del imputado.

Mientras tanto, el proceso queda a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que determinará si la jueza recusada continuará al frente del caso o si se designará otra magistrada para retomar el conocimiento de la medida de coerción.