Santo Domingo. – La procuradora de corte Mirna Ortiz calificó de legítima la preocupación expresada por Participación Ciudadana (PC) ante el retraso que enfrentan en los tribunales los grandes casos de corrupción administrativa. Además, consideró que los tribunales deben utilizar las herramientas del Código Procesal Penal y avanzar, ya que toda la sociedad necesita una solución para estos procesos.
“Desde nuestra perspectiva, Participación Ciudadana tiene un cuestionamiento legítimo sobre el retraso que ha tenido este tribunal en sede judicial”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El movimiento cívico recordó que las medidas de coerción contra los imputados en el mencionado proceso fueron dictadas el 14 de julio de 2021. "El juicio preliminar, que requirió 95 audiencias, tomó cerca de dos años".
El inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre de 2024 y, en estos momentos, 18 meses después, ha sido pospuesto en 22 ocasiones, durante las cuales solo se han discutido los incidentes presentados por los imputados, en contradicción con lo que dispone el artículo 305 del Código Procesal Penal", indica el informe, que advierte al sistema de justicia sobre el peligro que la dilación en conocer y decidir el fondo implica para la lucha contra la impunidad.
Al responder a los periodistas que le preguntaron sobre el informe, Mirna Ortiz sostuvo que las defensas de los procesados temen enfrentarse a las pruebas. “No es un secreto para nadie que este tribunal ya tiene bastante tiempo; llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas estamos en la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retrasar el proceso de manera continua”, dijo. Detalló que las defensas continúan presentando incidentes que, a todas luces, son inadmisibles porque ya fueron presentados y fallados en la audiencia preliminar.
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