SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este jueves el juicio de fondo contra generales, coroneles y civiles implicados en un presunto entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes se reservaron para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde, la fecha en la que emitirán la decisión.
El Ministerio Público solicita condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el coronel Rafael Núñez de Aza y para el general Rafael Camilo de los Santos Viola.
De su lado, al finalizar el juicio el día de hoy, Cáceres tomó la palabra y aseguró que no se pudo demostrar que se asociara con otras personas para dilapidar el erario público.
“Las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”, enfatizó el militar.
La fase de fondo del juicio cumpliría en junio dos años de litigio; sin embargo, el proceso completo se aproxima a cinco años, considerando que las medidas de coerción fueron impuestas en 2021.
La solicitud de condenas van desde los cinco hasta 20 años de prisión, además de multas que alcanzan cientos de salarios mínimos, en función del grado de participación de cada imputado.
Los acusados son personas físicas y empresas, contra quienes el Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas, incluyendo documentos, peritajes, testigos y presuntas evidencias materiales, en un expediente que supera las 3,200 páginas.
Según la acusación, los procesados habrían sustraído más de RD$4,500 millones a través de operaciones fraudulentas en instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los principales acusados figuran altos mandos militares, incluyendo mayores generales, coroneles y otros oficiales, así como civiles vinculados al entramado.
Se destaca que algunos de los acusados han colaborado con el proceso judicial, especialmente el mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), Raúl Alejandro Girón, quien pasó de imputado a testigo estrella de la Fiscalía.
Los fiscales aseguraron haber demostrado cada una de sus imputaciones mediante pruebas contundentes presentadas a lo largo del caso.
También pidieron la disolución de varias empresas vinculadas al caso, el decomiso de bienes incautados, entre ellos propiedades, vehículos de lujo y dinero en efectivo, así como sanciones económicas millonarias.
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