SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público aseguró este viernes que logró sustentar con pruebas contundentes la acusación por corrupción administrativa contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán y los demás imputados. Mientras tanto, la jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de junio, a las 9:00 de la mañana.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que durante la audiencia preliminar se demostraron todas las imputaciones formuladas por el órgano acusador, por lo que considera que procede un auto de apertura a juicio.
Se probaron todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Be.
La representante del Ministerio Público indicó que las defensas intentaron desviar la atención del tribunal y de la opinión pública con argumentos que calificó como carentes de sustento probatorio. "Esto se aplica a las declaraciones de Gómez Canaán y de todos los imputados", sostuvo Ortiz al ofrecer declaraciones a la prensa tras concluir la audiencia en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Asimismo, señaló que no se hizo referencia a elementos clave presentados por el órgano acusador, como los mensajes de WhatsApp que, según explicó, evidencian que la licitación ya había sido adjudicada a Gómez Canaán antes de formalizarse el proceso.
Ortiz afirmó que estas actuaciones son parte de un esquema de defraudación al Estado dominicano, mediante el cual se habría favorecido a un proveedor con el que existían relaciones previas a cambio de beneficios económicos.
Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara un auto de apertura a juicio contra todos los acusados.
En el caso figuran como imputados: Hugo Beras; José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También están acusados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; además de Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
La acusación también incluye a las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según el Ministerio Público, durante la investigación se identificaron diversas líneas delictivas, entre las que se incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Estas presuntas irregularidades se habrían llevado a cabo principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa, mediante contratos y convenios considerados irregulares que otorgaron acceso privilegiado a determinadas empresas para desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que el eje central del entramado es José Ángel Gómez Canaán, quien, según la investigación, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con varias de las empresas involucradas. Estas empresas habrían sido utilizadas para cometer estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
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