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SANTO DOMINGO.- La modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social comienza a generar tensiones entre el Gobierno y sectores sindicales, que reclaman mayor claridad sobre el proceso de discusión y exigen que temas como pensiones, atención médica y cobertura para trabajadores informales sean incluidos en la reforma.

Las reacciones surgieron luego de que representantes sindicales denunciaran una supuesta exclusión de los trabajadores en las conversaciones relacionadas con el sistema de Seguridad Social. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, negó que exista exclusión y aseguró que el proceso de debate aún no ha iniciado formalmente.

“Todavía ese proceso no ha empezado, ahora es que vamos a empezar con la discusión de la ley 87-01. En consecuencia, nadie está afuera de ese debate, mucho menos los trabajadores que son actores principales”, expresó el funcionario.

No obstante, dirigentes sindicales aseguran percibir inconsistencias en la manera en que las autoridades han manejado el tema. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, cuestionó que distintas entidades del sistema hayan realizado convocatorias separadas con propuestas diferentes.

“Cuando la Superintendencia de Salud llama a los interlocutores a hablar del tema presenta una propuesta por un lado y la Superintendencia de Pensiones y Riesgos Laborales llama por otro lado”, manifestó Abreu.

Mientras tanto, representantes sindicales y defensores de derechos laborales insistieron en que la reforma debe priorizar aspectos relacionados con las pensiones y la cobertura de salud. El presidente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas, Gabriel del Río, sostuvo que los trabajadores deben recibir al menos un 80 % de pensión respecto a sus salarios y reclamó que la atención primaria y el régimen contributivo subsidiado formen parte de la discusión.

De igual manera, el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, advirtió que miles de trabajadores informales continúan fuera del sistema de Seguridad Social, incluyendo vendedores ambulantes, transportistas y pequeños comerciantes.

El ministro Eddy Olivares indicó que el Gobierno aspira elevar la formalidad laboral a un 50 % mediante esta reforma, reconociendo que actualmente el trabajo informal sigue representando la mayoría en el país.

Por otro lado, Rafael Abreu reveló que durante una reunión sostenida con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados solicitó que primero sea concluida la discusión del Código Penal antes de iniciar simultáneamente el debate sobre la reforma a la Seguridad Social.