SANTO DOMINGO.- Abogados consultados en el Palacio de Justicia valoraron como legítima la decisión del Ministerio Público de apelar el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo en el caso Calamar, aunque consideran poco probable que el recurso logre modificar sustancialmente el fallo.
Las opiniones surgen luego de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, concluyera la etapa preliminar del proceso enviando a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y favoreciendo con autos de no ha lugar a cinco imputados, entre ellos Peralta y Castillo.
El abogado Billy Gerónimo sostuvo que las limitaciones propias de la etapa de apelación dificultan cualquier cambio significativo en la decisión.
“En esta etapa no se puede incorporar ningún tipo de evidencia”, afirmó.
La magistrada entendió que, en el caso de Donald Guerrero, la acusación presentada por el Ministerio Público contiene elementos probatorios suficientes para debatir en un juicio oral y público. En una sentencia de más de 3,400 páginas, concluyó que los hechos atribuidos al exfuncionario podrían configurar los tipos penales señalados por el órgano acusador, por lo que admitió la calificación jurídica para la siguiente fase del proceso.
Sin embargo, algunos juristas entienden que el desenlace de la audiencia preliminar era previsible debido a las debilidades que, según afirman, presentó la acusación desde sus inicios.
“Los años que tiene este proceso transcurriendo hemos visto muchas debilidades en la presentación de la acusación”, expresó Gerónimo.
Aunque reconocen que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, tenía la obligación procesal de recurrir la decisión, consideran que las probabilidades de éxito son reducidas.
“Al Ministerio Público no le queda otra que apelar porque precisamente la parte que se siente perjudicada tiene ese recurso para ejercer esa acción”, manifestó el abogado Adolfo Serrano.
En la misma línea, José Antonio Montero Jiménez sostuvo que durante la fase preliminar no se logró demostrar la vinculación entre los hechos imputados y las calificaciones jurídicas atribuidas a los acusados favorecidos con el no ha lugar.
“Entendemos que no, porque no pudieron probar en primer lugar la conexión del hecho con las calificaciones jurídicas que han ligado a esas personas”, señaló.
Por su parte, Billy Gerónimo consideró que, aunque aún existen otras vías recursivas dentro del sistema judicial, la posibilidad de revertir la decisión luce remota.
“Bueno, tendrán ventanas más adelante, Suprema, Constitucional, pero yo entiendo que ya sería ‘tirando patá’, como dicen popularmente”, afirmó.
El caso Calamar investiga una presunta estructura criminal acusada de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado mediante pagos irregulares, expropiaciones, cesiones de crédito y otras operaciones financieras. Con la decisión de la jueza Ramírez de la Cruz, Donald Guerrero y otros imputados enfrentarán ahora un juicio de fondo, mientras el Ministerio Público busca revertir mediante apelación los autos de no ha lugar emitidos a favor de varios exfuncionarios.
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