República Dominicana.-A las 10:am de este lunes, el juez Reymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional, estará emitiendo el fallo que decide la suerte de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó en abril del 2025, matando a 236 personas y dejando lesionadas a más de un centenar de personas e impactada una sociedad que espera justicia.
El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat López de homicidio involuntario, tipificación que enfrenta a las partes, tanto a querellantes, como a la defensa de los imputados.
Las víctimas, parientes de los muertos y los que sobrevivieron, solicitan al juez Reymundo Mejía que el hecho sea calificado como homicidio voluntario, a lo que se oponen los representantes legales de los acusados.
El Ministerio Público dijo en audiencias que no se opone a que sea variada la tipificación, a lo que el juez le llamó la atención por manifestar una postura incoherente porque en sus conclusiones ratificó su acusación de homicidio involuntario.
La pena por homicidio involuntario, de hallarse culpables en un probable juicio de fondo, es solo dos años de cárcel. En cambio, el Código Penal establece una sanción más severa, de considerarse homicidio voluntario.
En su expediente, el Ministerio Público sostiene que Antonio y Maribel Espaillat actuaron con "una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió".
En un comunicado difundido el pasado año, luego del depósito de la documentación, el órgano de persecución señaló que según la investigación, para la que contrató tres peritos, "durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados".
Los hermanos Espaillat "permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento "sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional", señaló la nota.
Además, "cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua", sostuvo.
Los imputados, afirmó, "apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo", e, incluso, Maribel Espaillat, "con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano", quien estaba en el extranjero.
Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento.
Contraperitaje
En mayo recién pasado, un informe de contraperitaje solicitado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y ordenado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contradice la tesis del Ministerio Público sobre el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
El documento concluye que el desplome no fue provocado por una sobrecarga de equipos en el techo, sino por fallas estructurales ocultas y un deterioro progresivo interno de la edificación.
La evaluación pericial fue firmada el 14 de mayo de 2026 por los especialistas José Manuel Lockhart Romero, Gabriel Carrera, Alfonso Francisco Ibarreta y Michael Gerard Murphy, quienes participaron en la investigación solicitada por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat.
Los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez habían pedido la realización de un nuevo análisis técnico tras cuestionar el peritaje presentado por el órgano acusador.
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