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SANTO DOMINGO OESTE.- Con la esperanza de recuperar los ahorros que aseguran perdieron tras el presunto desfalco de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera (Coop-Herrera), decenas de querellantes acudieron este jueves al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, en Las Palmas de Herrera, donde inició el juicio de fondo del caso conocido como Operación Búho.

Antes del conocimiento de la audiencia, los afectados manifestaron su expectativa de que el proceso concluya con condenas contra los imputados y la devolución de los más de 2,500 millones de pesos que, según sostienen, fueron sustraídos a miles de socios de la entidad.

"Nosotros esperamos tener resultados satisfactorios a favor nuestro porque somos las víctimas, los afectados de esta terrible estafa de más de 2,500 millones de pesos a miles de familias trabajadoras", expresó la querellante Mayra Villa Portorreal, quien afirmó que muchos ahorrantes construyeron esos recursos "con mucho esfuerzo y sacrificio" y que hoy no pueden disponer de ellos.

Villa Portorreal aseguró que el prolongado proceso ha tenido consecuencias irreparables para algunos socios. "Se están muriendo socios como consecuencia de esta situación y no queremos que se sigan muriendo", afirmó, al tiempo que pidió al Ministerio Público agilizar el proceso judicial. "Le hacemos un llamado para que intervenga a favor nuestro, que este caso no se quede impune y que nuestros ahorros sean devueltos porque fueron nosotros quienes los trabajamos", agregó.

Durante la jornada, además del juicio de fondo, el tribunal conocía una solicitud de revisión de medida de coerción presentada por uno de los imputados.

Por su parte, el querellante Adrián Ogando cuestionó la actuación del Ministerio Público, al considerar que algunos presuntos responsables fueron excluidos del expediente.

"Aquí estamos notando que el Ministerio Público no está haciendo el trabajo con las agallas que se amerita. Se han excluido del expediente muchos responsables porque parece que hay acusados con privilegios", sostuvo.

Ogando señaló específicamente al exdirector del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Franco de los Santos, de quien dijo que fue retirado del proceso pese a que, a su juicio, tuvo responsabilidad en el caso.

Asimismo, manifestó que espera que los imputados sean condenados y que sus bienes sean incautados. "Esperamos que todos los bienes que tengan sean confiscados y devueltos a la cooperativa para que sean monetizados y nos devuelvan nuestros ahorros", expresó.

En tanto, Ramón Damazo, también querellante, aseguró que las víctimas se sienten abandonadas por el sistema de justicia tras más de tres años de espera.

"Nos sentimos lacerados, impotentes y huérfanos de la justicia porque este caso ya tiene tres años y no hemos recibido la respuesta satisfactoria que merecemos", afirmó.

Damazo recordó que los ahorrantes confiaron sus recursos a una entidad legalmente constituida y supervisada por el Estado.

"Nosotros ahorramos en una institución legalmente establecida, no en un negocio clandestino. Además existe el Idecoop, que está llamado a velar por el buen funcionamiento de las cooperativas", indicó.

El querellante también hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en favor de las víctimas.

"Hay socios que han fallecido sin poder acceder a sus ahorros para comprar medicamentos y otros han pasado hambre. Presidente, no nos deje huérfanos, resuélvanos porque ya lo necesitamos", concluyó.

Los afectados esperan que el juicio de fondo permita establecer responsabilidades penales y que, finalmente, se disponga la recuperación de los bienes para resarcir a los miles de socios que aseguran haber sido víctimas del presunto fraude financiero.