República Dominicana.-El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, reclama a la Procuradora General de la República y a la Ministra de Interior y Policía dictar las políticas públicas que sean necesarias para garantizar que cada caso de fallecimiento de una persona en alegados intercambios de disparos, sean minuciosamente investigados, como se anuncia ocurrirá con la muerte de cinco hombres en La Barranquita de Santiago.
La entidad de la sociedad civil señaló que las investigaciones deben siempre ser efectuadas por fiscales con la colaboración del Ministerio de Interior y la Policía Nacional, y que los resultados de tales investigaciones se den a conocer en un tiempo razonable y “de existir responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la acción de la justicia”.
“Para nadie es un secreto que la eliminación de personas bajo un alegado intercambio de disparos no es otra cosa, en muchos de los casos, que la implementación de una política pública que ha prevalecido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables”.
A través de un comunicado enviado a este medio, PC insiste en que “Esta política es inconstitucional e ilegal, y convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte que no existe en nuestro país, bajo el falso argumento de control de la criminalidad, que transforma a esos agentes en criminales”.
“Las estadísticas son verdaderamente alarmantes, pues según informa Diario Libre, al 5 de septiembre del año en curso van 170 personas muertas en esos intercambios, superando en 18 los ocurridos para el mismo período del año pasado”.
Refiere Participación Ciudadana que el Informe de Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana en primer lugar, junto a Bolivia, en violencia desde el Estado con un 21% y Chile con el mejor promedio con 4%, siendo el promedio latinoamericano de 14%.
“Las investigaciones de estos casos estuvieron por muchos años en manos de la propia policía y el espíritu de cuerpo impedía una investigación independiente y nunca se divulgaba la suerte de tales investigaciones”.
Insiste el movimiento no partidista que “el hecho ocurrido en Santiago debe servir para cambiar la impunidad que prevalece en este tipo de casos y no solo en este asunto puntual, sino en cualquier ocasión en que una persona pierda la vida de manos de miembros de la Policía Nacional”.
“Corresponde a la Procuradora General de la República, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, con la colaboración de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, diseñar y aprobar las políticas públicas necesarias para garantizar que estas investigaciones se realicen puntualmente en todos los casos y sus resultados sean dados a conocer, y si alguien ha comprometido su responsabilidad penal, sea sometido a la acción de la justicia y se aplique el régimen de consecuencias correspondiente”.
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