Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista hace un llamado a los actores económicos, al gobierno y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos para evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano.
Este llamado surge a raíz de las últimas informaciones relacionadas con figuras de altas esferas del empresariado, que tienen estrechos vínculos con el poder político, principalmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual actualmente lidera el Gobierno dominicano, y que están vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos.
Es preciso señalar que estas situaciones han generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Afirma que esos organismos tienen la responsabilidad de evitar que personas vinculadas con estas actividades ilícitas se infiltren en la actividad económica nacional. Asimismo, es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, tanto directo como indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano.
Participación Ciudadana, en este mismo sentido, reitera su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como los candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto les obligaría a realizar diligencias debidas ampliadas sobre el origen de los fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos provenientes del narcotráfico y de otros delitos precedentes.
"Con referencia al actual partido de gobierno (PRM), si bien ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de sus miembros y personas vinculadas a esa organización política, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a estas personas", afirma Participación Ciudadana.
Dijo que también se refiere a otras que ya han admitido y recibido condenas; entendemos que tienen una cuota de responsabilidad al permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales.
Señalo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que sufre hoy, debido a los innumerables casos destapados en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política.
Destacan que el exdiputado Miguel Gutiérrez del PRM fue condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos, y que la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también exlegisladora de ese partido en la provincia de La Vega, fue condenada a cinco años de prisión. Además, mencionan a los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, así como a alcaldes y regidores de ese partido, como el regidor del DN Edickson Herrera. También se refieren a casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, quienes han sido solicitados en extradición o requeridos por el gobierno de los Estados Unidos.