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SANTO DOMINGO.- El conflicto por la construcción de una planta de reciclaje en el paraje Los Aguacates, del distrito municipal La Cuaba, continúa escalando. Este martes, opositores al proyecto mantuvieron ocupados los terrenos donde se pretende levantar la obra e impidieron el acceso de la empresa constructora, en una jornada marcada por discusiones, un fuerte despliegue policial y un ambiente de alta tensión.

Los manifestantes bloquearon la vía de acceso y permanecieron dentro de los terrenos en rechazo al proyecto, mientras agentes de la Policía Nacional se mantuvieron en la zona para evitar enfrentamientos entre las partes.

Luis Manuel Espinal, propietario de la constructora Arenasa, denunció que personas ajenas a la empresa mantienen invadida una propiedad privada e instó a las autoridades a intervenir.

“Hay un problema con la Policía y la comunidad. La Policía nos deja entrar a nosotros, que estamos trabajando, pero hay un par de tigueres que están invadiendo el terreno. Es un terreno privado; la Policía debe tomar cartas sobre el asunto porque la compañía es la propietaria”, expresó.

Sin embargo, los comunitarios rechazaron esa versión y sostienen que el proceso aún se encuentra bajo conocimiento de los tribunales, por lo que entienden que ninguna de las partes debería realizar trabajos hasta que exista una decisión definitiva.

“La situación es que esto está en los tribunales y hay una litis aquí que nos dice que mientras no se resuelva, ni nosotros ni ellos podemos penetrar. Ellos quieren venir todos los días a provocar una situación”, afirmó Rafael Alcántara, miembro del colectivo No Vertedero.

En ese mismo sentido, Jorge Correa, residente de La Cuaba, acusó a la empresa de intentar generar confrontaciones con la comunidad.

“Vienen arbitrariamente provocando a la comunidad para que haya una desgracia y después dicen que en La Cuaba son unos campesinos o unos delincuentes. Ese es el objetivo”, manifestó.

Los opositores también insistieron en que el proyecto aún no cuenta con la denominada "licencia social", es decir, el respaldo de la comunidad.

“Esto todavía no está legal. La licencia social que se la tiene que dar el pueblo todavía no la tiene y por eso nosotros estamos aquí”, sostuvo el comunitario Genaro Paula Díaz.

Aunque durante la protesta no se registraron incidentes violentos, el ambiente permaneció tenso durante varias horas debido al intercambio verbal entre manifestantes, representantes de la empresa y agentes policiales.

Los comunitarios reiteraron que continuarán utilizando todos los mecanismos legales y de protesta pacífica para impedir la construcción de la planta de reciclaje, mientras el conflicto permanece sin una solución definitiva.